Los empleados que laboran para el gobierno en México han expresado su intención de pedir un incremento salarial que oscile entre el 6.5% y el 7% para el año 2025. Esta solicitud será oficializada en la segunda mitad de mayo, momento en el cual se presentará la solicitud formal y se llevará a cabo una mesa de diálogo con la Subsecretaría de Egresos del Ministerio de Hacienda.
La propuesta de aumento en los sueldos intenta favorecer a más de un millón de trabajadores del sector público sindicalizados, considerando tanto al personal administrativo como al de servicios generales. Aparte del incremento en el sueldo base, está prevista la revisión y mejora de los beneficios laborales, tales como el aguinaldo, los vales de despensa y el fondo de ahorro.
Uno de los aspectos clave de la negociación es la regularización de cerca de 100,000 empleados que en la actualidad trabajan sin un puesto fijo, especialmente en el área de salud y en el programa IMSS-Bienestar. Se calcula que aproximadamente el 60% de estos trabajadores no cuenta con seguridad social ni con acceso a beneficios completos, lo que restringe su estabilidad en el empleo y su bienestar.
En este contexto, se destaca la necesidad de acelerar los procesos de regularización laboral para garantizar condiciones justas y equitativas para todos los trabajadores del Estado. La implementación de jornadas laborales adecuadas y la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo son aspectos fundamentales para mejorar la calidad del empleo público.
El gobierno central ha demostrado apertura para conversar y llegar a consensos que favorezcan a los empleados, valorando su contribución al funcionamiento del país. No obstante, también enfrenta el reto de equilibrar las solicitudes laborales con las limitaciones del presupuesto y la situación económica actual.
Las negociaciones salariales para 2025 se desarrollan en un contexto de incremento del salario mínimo en México, que a partir del 1 de enero de 2025 aumentó un 12%, elevando el salario diario en la frontera norte a 419.88 pesos y en el resto del país a 278.80 pesos . Este ajuste busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y reducir las desigualdades salariales.
En paralelo, diversas encuestas y estudios indican que las empresas en México proyectan incrementos salariales promedio de entre 6.5% y 7.2% para el personal sindicalizado en 2025, con variaciones según la región y el sector industrial . Estas cifras reflejan una tendencia hacia la mejora de las condiciones laborales y la competitividad en el mercado laboral.
La demanda de aumento salarial por parte de los trabajadores al servicio del Estado representa un paso importante en la búsqueda de equidad y justicia laboral. El éxito de las negociaciones dependerá de la voluntad de ambas partes para encontrar soluciones que satisfagan las necesidades de los empleados y las capacidades del gobierno.
En este proceso, es fundamental considerar no solo los aspectos económicos, sino también el impacto social y humano de las decisiones tomadas. Garantizar condiciones laborales dignas y estables contribuye al fortalecimiento de las instituciones públicas y al bienestar de la sociedad en su conjunto.
